Faltó por nueve meses de un hogar de Rivera; la alerta se disparó recién a los cuatro. Vivió violencia, abuso sexual y posible explotación.

Por Cecilia Presa
cecipresa

Sofía (17) faltó de su hogar, ubicado en la capital de Rivera, desde el 5 de abril de 2024. Nueve meses después, el pasado lunes 6 de enero, apareció.

Sin embargo, hasta agosto de 2024 su ausencia no se hizo pública ni fue notificada a Interpol. Y recién en octubre la página de personas ausentes del Ministerio del Interior incluyó su nombre, su foto y una descripción corta de cómo se veía al momento de su desaparición.

No era la primera vez que Sofía (nombre ficticio) se ausentaba. De hecho, varios años atrás el titular de un medio local rezaba “Niña desaparecida en Rivera” y la foto y el nombre que acompañaban la nota eran los de Sofía.

Al hecho de desconocer su paradero, en su caso, se le llamó, en principio, “salida no acordada”. Cuando el personal del hogar femenino del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en el que vive acudió a la Policía a realizar la denuncia, se la anotó en un formulario llamado “Fugado de INAU”. Esto sucedió con Sofía y les ocurre a los más de 1.170 niños, niñas y adolescentes que en 2023 —último dato del que se dispone— tuvieron más de 9.830 salidas no acordadas en total.

Que se registre como “fuga” no solo tiene una connotación que alude a la privación de libertad, también significa que por estas ausencias no se emite una alerta a todas las seccionales de Policía del país y a Interpol, como sí sucede con la desaparición de un niño que no es tutelado por el INAU.

Según información a la que accedió Montevideo Portal, Sofía está bajo el “amparo” del INAU, es decir, vive en un hogar, desde que tenía 14 años.

Pero está dentro del llamado “sistema de protección” del organismo rector y gestor de las políticas de infancia y adolescencia del país prácticamente desde que tiene memoria.

Con 3 años acudió a un Centro de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF) de su zona de residencia. Por ese entonces vivía con su madre, quien la tuvo cuando tenía un año menos de los que tiene Sofía hoy: 16.

Pasaron un lustro, una hermana y una madre que se hizo mayor de edad ante la ley y Sofía quedó bajo el cuidado de su padre (quien tenía 17 años cuando nació) y la pareja de este.

Pero poco después, una mujer, cuyo vínculo con la chica se desconoce, la “adoptó” —en palabras de Sofía y no legalmente—. Eso ocurrió entre sus 6 y sus 9 años.

A los 9, un decreto judicial la devolvió a su madre. Hacía poco que la mujer había dado a luz a su tercer hijo. Entonces, se dispusieron otras medidas para la protección de los derechos de la niña, tales como oficiar a la escuela a la que acudía un informe que reportara su asiduidad, comportamiento, rendimiento, y cualquier otro dato útil para conocer la situación personal y familiar. Un equipo multidisciplinario de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) debía hacer un seguimiento de la situación.

Entre sus 9 y 14 años se sumaron a la casa de Sofía más hermanos: en total eran cinco, y ahora vivían con un padrastro.

La palabra “violencia” aparece de forma explícita recién acá en su historia, pero más adelante contaría que se remonta a mucho antes. Es que, acompañada de su abuela y con solo 14 años, Sofía se animó a acudir a la Policía, en concreto a una comisaría especializada en violencia doméstica y de género, y denunció que su padrastro la maltrataba, al igual que a su mamá y a sus hermanos.

En ese momento actuó nuevamente la Justicia. El juzgado de Rivera le dio la tenencia de Sofía a su abuela. También les prohibió a su madre y a su padrastro acercarse a la adolescente por tres meses. Asimismo, se dispuso que INAU diera seguimiento a los cuatro hermanos que quedaron en esa casa.

Sobre el hombre pesaban, al menos, dos antecedentes judiciales por violencia; en ambos casos la denunciante fue la madre de Sofía.

Los 180 días determinados por el juez pasaron y la abuela volvió a acudir a la Policía. Esta vez para comunicar que no se encontraba en condiciones de salud para hacerse cargo de su nieta.

Una orden judicial telefónica le indicó al padre que esta debía volver a su cuidado, pero él alegó que no podía asumir su tenencia. Fue en ese momento que la adolescente ingresó al amparo del INAU.

“La incorporación a los distintos hogares, programas, proyectos y modalidades de atención se realizará habiéndose oído al niño o al adolescente y buscando favorecer el pleno goce y la protección integral de sus derechos”, dice parte del Artículo 68 del Código de la Niñez y la Adolescencia sobre las competencias del INAU.

Y unas líneas después agrega: “Las acciones del INAU deberán priorizar a los más desprotegidos y vulnerables”.

Mucho de lo que sucedió en la vida de Sofía luego de ingresar al INAU es desconocido o se duda del relato de la joven. Pero también hay varias certezas.

Se sabe que contó y luego radicó una denuncia por abuso sexual infantil.

Se sabe que, previo a su desaparición, les otorgaron a distintas personas, la mayoría sin vínculo familiar, reiteradas licencias para salir con ella.

Se sabe que, desde su amparo, tuvo 23 “salidas no acordadas”, y que, en muchas de esas “salidas no acordadas”, Sofía volvía a la casa de su madre para ver a sus hermanitos.

Se sabe que estas “salidas no acordadas” impidieron un seguimiento sistemático de su salud.

Se sabe que con 15 años una psicóloga del INAU elaboró un informe en el que decía que Sofía expresaba “enojo con la vida, al punto de manifestar tener deseos de no existir”.

“Es una joven que evade sus dificultades por no confiar en el profesional, sigue diciendo que debe tratar sus heridas de la infancia, así como continuar trabajando sobre el rencor para lograr adquirir la gratitud”, expresaba la profesional en otro pasaje del documento.

Se sabe que Sofía no quiso continuar el tratamiento psicológico con esa profesional, pero sí deseaba hacerlo con otra, algo que no le fue posible.

Se sabe que terminó primero de liceo y que era buena alumna. Pero que, luego de ingresar al centro de INAU, comenzó ciclos en varias instituciones que no pudo sostener.

Se sabe, también, que estudió peluquería y que le gustaba.

Se sabe que, a un mes de su desaparición, se realizó una reunión entre el equipo directivo de INAU, un equipo especializado en explotación sexual de la organización Gurises Unidos —que trabaja en convenio con INAU—, y una comisaria de la Unidad de Investigación y Trata del Ministerio del Interior para analizar y abordar la desaparición de Sofía como una “presunta situación de explotación sexual”.

Se sabe que en los expedientes de la adolescente no se registran informes integrales sobre la situación de su núcleo familiar, ni sobre el abordaje para restablecer su derecho a vivir en familia.

Se sabe que a sus 16 años volvió a radicar una denuncia por violencia contra su padrastro y que en esa ocasión también incluyó a su madre. Lo hizo porque ambos agredieron físicamente a su hermana de 14 años.

Se sabe que en ese momento Sofía solicitó la colaboración policial dado que temía por la integridad física de sus hermanos, porque el indagado era “una persona muy violenta”.

Se sabe que recién un año y cuatro meses después de esa denuncia, y ya con Sofía desaparecida, se inició el expediente judicial por ese caso.

Se sabe que ni esta ni ninguna de las denuncias anteriores por violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil han presentado un avance significativo en la Justicia.

Pero también se sabe que, tras todo esto, el acusado, que vivía en la casa materna de Sofía con cuatro niños, se quitó la vida el año pasado.

Todo esto se sabe. O, mejor dicho, lo sabe INAU.

Y 247 días después, Sofía apareció. “Se sabía que estaba en Brasil. En Rivera no estaba. Entre Interpol, el equipo de investigaciones de la Policía y el equipo del [hogar] femenino anduvieron permanentemente detrás de ella”, afirmó en diálogo con Montevideo Portal Enrique Guadalupe, director regional de INAU por Rivera.

“Cuando apareció se le hizo la revisión primaria en Salud Pública. No tiene ningún problema de salud y ningún problema de ningún tipo”, planteó Guadalupe ante la pregunta de cómo está la chica.

“Ahora el equipo del femenino está trabajando con la madre y con el núcleo familiar biológico, que es lo que queda, a ver si se puede reconstruir”, amplió y agregó que “hay un tío” de Sofía “muy comprometido”.

La aparición de Sofía se reportó en la dirección de la casa de su madre en Rivera. En cuanto a dónde estuvo, según la versión que dio la chica a la Justicia, se encontraba en una ciudad brasileña ubicada a unos 100 kilómetros de Rivera.

“Ella dice que estaba en la casa de una señora amiga, parece. Estaba muy bien vestida, muy bien de salud. Parece que cuidaba a un nenito”, afirmó Guadalupe, pero segundos después contrastó: “Tenemos dudas con respecto a la versión de ella”.

“¿Estuvo nueve meses en esa localidad, comprometiendo a su núcleo familiar biológico, preocupando a todo el equipo del femenino, dándole curso a Interpol con la búsqueda de la chica y todas las organizaciones especializadas?”, cuestionó.

La lectura de Guadalupe es que “es una adolescente, o sea, que adolece de conocimiento, de experiencia y se expone a riesgos”. “En los adolescentes hay dos temas: la falta de límites y que exploran su sexualidad”, analizó.

“Sospechas de explotación sexual siempre hay. Pero sospechas. Las situaciones anormales o difíciles de creer se las plantea la Justicia y la investigación. Pero, en realidad, probado no hay nada”, dijo el jerarca a Montevideo Portal.

Las otras Sofías

Hay muchas Sofías en INAU en todo el país, cuyas trayectorias de vida, al decir de Guadalupe, son “iguales e incluso peores” que la de la joven.

Los datos de diciembre de 2024 muestran que en todo el país hay 104.028 niños, niñas y adolescentes que reciben algún tipo de atención por parte de INAU. De estos, 14.634 son adolescentes.

A su vez, del total, 8.261 niños, niñas y adolescentes están dentro del sistema de protección integral, es decir, residen en centros de 24 horas y, de estos, 3.081 son adolescentes. Y en Rivera hay 99 residentes en centros de INAU que tienen de 13 a 17 años: 55 chicas y 44 chicos.

Muy muy cerca de Sofía vivió Kimberly, la adolescente de 16 años que falleció en mayo de 2024 durante el parto de su bebé, producto de abuso y explotación sexual. Kimberly también estuvo en el sistema de amparo del INAU en Rivera y, de hecho, su hija, que sobrevivió, vive en el hogar de niños que se encuentra al lado de donde está Sofía.

Pero también hace dos años en Montevideo una adolescente salió de un centro de INAU a festejar su cumpleaños con su familia. Ese día fue víctima de una captación y terminó descuartizada. La carátula de su caso fue femicidio.

Tiempo atrás otra chica de 13 años, que vivía en un hogar de INAU en San José, estuvo ocho meses desaparecida. Interpol la encontró en el fondo de una casa, en una habitación con una cama y un balde. Y, en el momento que la hallaron, era abusada sexualmente por un adulto. Después tuvo múltiples intentos de autoeliminación e ingresó a varias clínicas de salud mental.

Luego de que se conoció públicamente la muerte de Kimberly y la desaparición de Sofía y otras tres adolescentes que estaban bajo el sistema de protección de INAU en Rivera —todo meses después de los hechos y gracias a investigaciones periodísticas—, hubo algunos hitos y movimientos con la situación de niños y niñas y adolescentes en INAU.

En la Justicia, por ejemplo, en un fallo histórico, la Corte Suprema aprobó un reglamento que establece que los jueces que resuelven la institucionalización de menores en el INAU tienen el deber de hacerle seguimientos periódicos a la situación de estos niños, niñas y adolescentes.

En concreto deben “controlar y vigilar las condiciones en que ella se lleva a cabo, así como las acciones que se adopten para superar la situación que la motiva”.

En el Parlamento, el 15 de agosto de 2024 la senadora frenteamplista Silvia Nane interpeló al presidente de INAU, Guillermo Fossati, y otras autoridades. En la previa, Nane había sido contundente al afirmar en diálogo con Montevideo Portal que “las salidas no acordadas del INAU terminan en explotación sexual”.

Además, en julio de 2024 la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) dispuso una investigación de oficio en el centro femenino de adolescentes de Rivera.

Esta terminó en una resolución con fecha del 17 de diciembre en la que la Inddhh responsabiliza al Estado por la desaparición de Sofía y todos los niños, niñas y adolescentes que faltan o faltaron de centros de INAU.

Silvia Nane en interpelación del FA a Mides e INAU. Foto: Parlamento

Otro hallazgo del documento es que en 10 de las 11 chicas que formaron parte del informe, entre ellas Sofía, “se documentó la existencia de elementos que indicaron presuntas situaciones de explotación sexual”. Y habla de que esta situación empeoró una vez que ingresaron al hogar del INAU.

“Es decir que no solo no fue posible su protección y restitución de derechos, sino que aumentó la cantidad de niñas y adolescentes que padecieron nuevos tipos de vulneraciones de sus derechos”, completa la Inddhh.

Mucho antes, en un reporte de 2015, la Inddhh hacía énfasis en la “preocupación respecto a los procedimientos a seguir cuando niños o adolescentes uruguayos cruzan o son encontrados en ciudades o zonas fronterizas de Brasil”.

En setiembre de 2022, Gurises Unidos, con la cooperación de Unicef, realizó un diagnóstico de situación de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en Rivera.

Allí se aludió a que la “pobreza estructural” en el departamento genera un escenario de mayor vulnerabilidad para los niños, niñas y adolescentes. Y que, ante esto, las respuestas institucionales son “rígidas, basadas en aspectos administrativos y que no brindan una adecuada y real protección a niñas, niños y adolescentes”.

“No hay nada probado”, repitió Guadalupe a Montevideo Portal, consultado tanto por la presunta explotación sexual de Sofía, como por las denuncias realizadas por la adolescente por violencia y abuso sexual infantil.

La directora de INAU por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, en conversación con Montevideo Portal, apuntó contra el director de INAU de Rivera en estos temas. En concreto, Argenzio dijo que se ha omitido informar sobre denuncias radicadas en Fiscalía por menores en centros de INAU del departamento.

“Con mi equipo pudimos acceder a que había denuncias en Fiscalía que no habían sido informadas por el director departamental [Enrique Guadalupe] en el relevamiento que hace INAU por departamento. Son más de 200 denuncias, la mayoría por situaciones de violencia sexual. Estoy hablando de denuncias de niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de protección”, planteó.

En esta línea, aludió a que, en Rivera y en todo el país, hay una falta de acceso a la atención integral en salud de los menores y enfatizó en que la explotación sexual es un factor de afectación de la salud mental.

“Hay un alto índice de adolescentes víctimas de explotación sexual dentro del sistema de protección de INAU que terminan internadas en clínicas psiquiátricas”, afirmó.

Por último, criticó que en esta gestión “las salidas no acordadas no son contabilizadas como indicadores de riesgo” para los menores, lo que consideró “un grave error”.

“Es una situación de desprotección en el sistema de protección”, resumió Argenzio.

Sin embargo, para Guadalupe el problema de las “salidas no acordadas” radica en los incisos 7 y 8 del artículo 120 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Ambos establecen condiciones para la internación en programas de atención residencial en régimen de 24 horas y, entre otras cosas, dicen que la institucionalización “no podrá implicar en ningún caso privación de libertad y se promoverá el goce y ejercicio de todos sus derechos”.

“No tenemos la potestad de retener a los menores, entonces se van. Este código no le permite al INAU ponerles límites a los adolescentes que, a esa edad, se necesitan”, evaluó Guadalupe.

Entre tanto Sofía cumplirá 18 años en pocos meses. Entonces, deberá egresar del amparo de INAU e ingresar sola a un mundo adulto que hace años no le es ajeno.

Guadalupe detalló que INAU está trabajando con ella y su madre para esta transición. Por orden del juez ahora sí se está realizando una evaluación de su situación familiar. 

 “La madre tiene que hacerse responsable. Que tiene dificultades familiares, lógicamente, pero no es la única. Y que tiene cinco hijos, también, y que Sofía está grande, está grande. Y bueno capaz que se tienen que dar una mano entre ellas y eso es lo que se está planteando”, concluyó.

Montevideo Portal