Camila Gadea, de 17 años, estaba en un centro de salud mental y bajo cuidado del INAU; el Consultorio Jurídico de la Udelar que representa a la madre logró que se reexamine el caso

Claudia Telles, madre de Camila Gadea, con dos de los estudiantes de Derecho que siguen su caso en el Consultorio Jurídico de la Udelar, Cinthia Machado y Mariela Carrera Foto: Leonardo Carreño

Por  Natalia Roba

Camila Gadea tenía 17 años cuando murió. Desde hacía dos años había alternado entre hogares de INAU, la casa de su tía materna, a quien la Justicia le había dado la tenencia provisoria, para luego devolvérsela a su madre, Claudia Telles.

En ese tiempo su salud mental se había deteriorado. Tenía un cuadro de depresión muy grande y había tenido varios intentos de autoeliminación, el último una semana antes de su muerte. Quienes la trataban relataron que no tenía ganas de vivir.

Cuando murió estaba ingresada en el centro de salud mental Los Pirineos, bajo el cuidado de INAU. Si bien desde ese centro le informaron a su madre que se suicidó, hay varios aspectos de su muerte que son dudosos. El director de la clínica llamó a Telles a las 3.45 de la madrugada del 28 de marzo de 2022, casi cuatro horas después de su muerte para darle la noticia y le dijo que la encontraron con una almohada en la cara con la que ella misma se había as

Además, su madre relató a El Observador que Camila le había contado que mantenía una relación con un hombre de 39 años, cuyos datos y nombre coinciden con el del director de la clínica.

“Ella misma me dijo que estaba muy enamorada, me contó que él le regalaba ropa y otras cosas y que tenía pareja. El último diciembre había pasado las fiestas en casa y me pidió permiso para que él viniera a traerle un regalo para la hermana. Yo le dije que sí, quería saber quién era esa persona. Pero al final me dijo que el auto se rompió y no pudo venir”, narró.

Pese a que era el responsable de la clínica, el psiquiatra nunca fue llamado a declarar por la Fiscalía. Sólo fue interrogado por investigaciones de zona 1. En el acta de declaración de dos carillas contó que la adolescente estaba en Los Pirineos desde hacía seis meses, que tenía un trastorno de la personalidad llamado borderline, que estaba en un programa de INAU y que tenía dos intentos previos de autoeliminación en ese centro.

Relató también que a las 00 horas lo llamó una psiquiatra de la clínica que él dirige. “Habla con mi señora y le dice que encontró a Camila que no respiraba, a lo que mi señora le indica que llamaran a la emergencia y salimos de inmediato para el lugar. Al llegar se encontraba la ambulancia que había intentado reanimarla…”

Telles relató que, en el velorio de su hija, el psiquiatra se acercó a ella llorando y le pidió disculpas por no haber podido salvar a Camila. “Me hizo la demostración de cómo la encontró (con la almohada en la cara). Eso es lo tengo en la cabeza y no me lo va a sacar nadie. Ahí yo estaba en shock también, pero después uno va analizando un poco más las cosas… y uno se da cuenta. ¿Por qué lloraba si era simplemente el psiquiatra que la trataba? ¿Qué tanta afinidad podés tener para llorar de esa manera y arrodillarse ante mi y pedirme perdón? No entiendo, no entiendo nada”.

Mariela Carrera, una de las estudiantes del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar que representa a Telles, entiende que es contradictorio con lo que declaró ante la policía porque dijo que estaba en la casa. “Si ella estaba con la almohada en la cara hasta que él llegó que tardaron unas 40 minutos. ¿Qué sucedió en ese tiempo?”, se preguntó.

Otro aspecto borroso de la investigación es que el celular de Camila nunca apareció. “Ese celular era clave, porque tenía llamadas, whatsapp y todas las comunicaciones con ese hombre”, dijo su madre. Agregó que cuando su marido fue a buscar las pertenencias de su hija, el director de la clínica le dijo que la persona con la que Camila tenía un vínculo era otro internado que casualmente se llamaba igual que él. “Ese otro muchacho tiene 20 años y no coincide con lo que Camila me había dicho sobre la edad”.

Carrera consideró que “es muy raro» que nunca se lo llamara a declarar. «Lo que denota el caso es que la fiscal hizo una lectura muy superficial. Si nosotros, como estudiantes del último año de Derecho, leímos y enseguida detectamos que alguien de la clínica podría llegar a estar involucrado, ¿cómo una fiscal con la experiencia que tiene, al hacer una lectura como corresponde, no está identificando eso?”.

Otro estudiante del equipo, Eduardo Felipe, cuestionó que la fiscalía como “representante de la víctima en la sociedad, no hizo su trabajo”.

Pero las puntas a investigar son más. En el expediente figura una carta de despedida que Camila había dejado. Telles aseguró que la letra no coincide con la caligrafía de su hija en cuadernos y apuntes. Felipe reveló que “mirando la documentación que hay en la carpeta, están los escritos de los técnicos cuando la entrevistaban que escriben los informes diarios. Hay una de esas personas que tiene una caligrafía similar o parecidísima a la de la carta. Cuando lo advertimos la pedimos y no se hizo. Ahora insistiremos en que se haga”.

La supuesta carta de despedida que dejó Camila, cuya letra coincide con la de uno de los técnicos que la trataban, según sus abogados

Por otra parte, las pericias forenses que hay sobre la muerte –una de Medicina Forense del ITF y otra del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina- son contradictorias y no se repara en si existió violencia sexual que es lo que piden que se investigue, sostiene el equipo del consultorio.

La primera pericia determina que no se encontraron en la autopsia signos de violencia a nivel facial ni en la mucosa oral, por lo que no se plantea una sofocación y se concluye que se trató de «una muerte natural de causa indeterminada». Mientras que la pericia de Medicina de la Udelar señaló como “probable» “la acción de los fármacos y su interacción con la causa de la muerte”.

Afirmó que se habían constatado el consumo reciente de psicofármacos y que si bien las concentraciones no están por encima de los rangos terapéuticos, “hay que tomar en cuenta que las interacciones son potencialmente tóxicas”. Agregó que no obsta tampoco que «se pudieran haber agregado mecanismos coadyuvantes como los de tipo aspirativo». Concluyó que el caso corresponde a “una muerte violenta por intoxicación de psicofármacos» y que el suicidio no se excluye.

El equipo del consultorio apuntó también al hecho de que cuando le entregaron las pertenencias a la familia había maquinitas de afeitar, perfiladores y otros implementos que no parecen adecuados que tenga bajo su poder una persona con intenciones suicidas.

Las pertenencias de la adolescente Camila Gadea que le entregaron a la familia en el centro Los Pirineos

La historia de Camila

A los 15 años Camila Gadea mantenía una relación conflictiva con su madre y quiso irse de su casa. Planteó en el Liceo N°41, al que asistía, que recibía maltratos de ella y su padrastro, quién la había reconocido a los 5 años y le había dado el apellido.

Un día que Camila no regresó de clase, su madre fue al centro educativo a preguntar por su hija pero no le informaron nada. Fue a la comisaría y ahí supo que estaba en el hogar Magnolia de INAU. Se enteró que ante una denuncia por maltrato de la adolescente el centro educativo había activado un protocolo que implica retirar a la menor de su hogar y derivarla al INAU.

La jueza de familia especializada de 8 turno, Roberta Licciardi, resolvió el 9 de diciembre de 2019 que la adolescente se quedara con su tía materna y rechazó el pedido de la madre de que regresara al hogar. Según surge del expediente judicial, tuvo en cuenta que ella manifestó que no quería volver a su casa, que había pedido “ser ingresada al sistema de protección 24hs de INAU alegando ser víctima de malos tratos en su hogar”.

Por otra parte, Camila relató “experiencias traumáticas vividas en el hogar Magnolia«, las que la jueza decidió denunciar ante Fiscalía y pedir al INAU un informara para saber si mientras estuvo internada alli, «resultó agredida así como si se le permitió pasar algunas noches en casa de personas que no eran sus familiares, brindando detalles al respecto». En el expediente público no figuran esos informes.

También se le encomendó a INAU que garantizara la atención en salud de Camila para que fuera atendida por el Equipo de Violencia Doméstica de su prestador de salud que en ese entonces era Médica Uruguaya.

Le prohibió a Telles y a su marido mantener contacto con su hija y al día siguiente le entregó la tenencia en forma provisoria a la tía.

Telles dijo a El Observador que todo surgió porque “quiso ponerle límites” a su hija que tenía una adolescencia conflictiva. Contó que cuando la visitó en Magnolia, antes de que le quitaran la tenencia, “casi le da algo”. “Estaba medicada, no era ella”. Según su relato Camila le dijo que quería volver a casa. También afirmó que se opuso a que permaneciera con su hermana porque no tenían un buen vínculo y en esa casa vivía su padre que era alcohólico.

Pocos meses después se enteró por las redes sociales de su hija -por las fotos que subía- que ya no estaba en la casa de su hermana y su abogado le entregó un informe de INAU que señalaba que Camila había relatado haber sido víctima de abuso por parte de su abuelo por lo que había sido derivada al hogar Capurro. Ese informe menciona que la adolescente relata “situaciones reiteradas de manoseos en las que el abuelo se propasa”. Al no poder alejarla del adulto por ser quien “solventa el alquiler de la vivienda… se propone que Camila permanezca temporalmente en un dispositivo de cuidados residenciales de La Barca”. A esa ONG la jueza había encomendado el seguimiento de la adolescente.

Foto: Leonardo Carreño

Finalmente, en mayo de 2021 la misma jueza dispuso que regresara a casa de su madre y le entregó la tenencia provisoria luego de que la menor expresara su voluntad en ese sentido. Licciardi dispuso que INAU brindara “orientación, apoyo y seguimiento, con informes periódicos” y coordinara la atención psicoterapéutica. A la adolescente le imponía “la obligación de cuidar su salud así como su integridad psíquica, procurando además obtener formación educativa, continuando con los estudios y seguir las pautas que su madre imponga en el hogar”.

Sin embargo, lo dispuesto por la jueza no se cumplió. “Yo no podía con ella. Estaba embarazada y tengo fibrosis quística por lo que tuve un embarazo complicado. Ella se lastimaba, se cortaba y teníamos que salir corriendo al hospital”, recordó su madre.

Ahí vino un nuevo diagnóstico. Según informó a El Observador la directora general de INAU, Dinorah Gallo, desde La Barca recomendaron que Camila recibiera atención en Los Pirineos, un centro de salud mental, dónde finalmente quedó internada los últimos seis meses de su vida.

Gallo aclaró que Los Pirineos no tiene convenio con INAU, que con quién tiene un acuerdo la institución es con La Barca. Aclaró que estaba bajo cuidado de la institución a través de esa organización pero dijo desconocer si luego de la muerte de la adolescente se inició alguna investigación interna.

El director de La Barca, Pablo Domínguez, se excusó de brindar información por estar impedido de hacerlo. El integrante del directorio de INAU desde 2020, en representación de Cabildo Abierto, Aldo Velázquez informó al presidente Guillermo Fossati que «no ubicaba el caso» ante la consulta de este medio.

Gallo dijo que pidió este viernes información a Jurídica y quedó en enviarla cuando le llegue. De la información institucional surge que la adolescente ingresó al Hogar Magnolia «en enero 2019 por orden Judicial» y que en junio de 2020 «se derivó a La Barca». Las primeras actuaciones judiciales son de setiembre de 2019.

La jerarca aclaró que jamás ingresa a un centro de INAU un niño o adolescente si no es con orden judicial, las que muchas veces se indican en forma verbal por teléfono, y provisoria, cuando la policía se comunica con el juez.

El rol de la Fiscalía y la notificaciones del archivo del caso a la propia Camila

El 19 de agosto pasado la fiscal Bettina Ramos, llegada en febrero de 2024 al caso, decretó el archivo. Para ello se basó en que “no se plantea una sofocación facial como causa de muerte”, en que «no existía conducta con apariencia delictiva» y “se trata probablemente de una muerte natural de casusa indeterminada”.

El problema fue que no notificó del archivo a Telles, la representante de la víctima. En cambio, sí se le notificó al celular de la propia Camila, al celular del director de la clínica, así como a otra psiquiatra de ese centro, dónde su madre entiende que se debería indagar las circunstancias de la muerte.

Así también lo entiende el equipo del Consultorio Jurídico de la Udelar que pidió se cite a declarar al personal de la clínica y se investigue el vínculo de la adolescente con el responsable de ese centro.

Ellos se enteraron de que la causa había sido archivada el 21 de octubre porque accedieron a la carpeta fiscal. Eso motivó que pidieran una audiencia para solicitar el reexamen del caso.

Pero la burocracia se interpuso y esa audiencia recién se concretó el 19 de diciembre pasado. En esa audiencia, a cuyo audio accedió El Observador, el juez Eduardo Pereyra decidió hacer lugar al reexamen porque “puede haber elementos útiles para seguir investigando”.

Ante la queja de la fiscal, que argumentó que era un caso de 2022 que ella no habia investigado y que las notificaciones se hacen por modo automático a los celulares de contacto, el juez consideró que “surgen notificadas personas que no son la representante de la víctima, surge notificada la víctima, que está fallecida, y surgen notificadas dos personas que son encargadas de la clínica y son los posibles a investigar…”.

Si bien la fiscal planteó que había habido “falta de diligencia” de los abogados que pidieron el reexamen fuera de fecha, el juez entendió que no era de recibo su queja porque las notificaciones se habían hecho mal.

Cinthia Machado, una de las estudiantes del consultorio que llevó el caso, dijo a El Observador que se enteró del archivo recién el 21 de octubre y pidieron el reexamen el 11 de noviembre. «Teóricamente estábamos dentro del plazo de 30 días desde que tomamos conocimiento del archivo”. Su compañera Carrera acotó que como la notificación «no existió, esa puerta todavía estaba abierta” y podían pedirlo en cualquier momento.

Felipe cuestionó que la investigación “dejó un montón de hilos sueltos y lo que intentó fue archivar, patear para afuera el tarro por las supuestas omisiones que pudo haber tenido la investigación”.

Ignacio Barlocci, el abogado que firma los escritos del consultorio, agregó que ahora pedirán que el caso sea derivado a una fiscalía especializada en delitos sexuales. “Nosotros no cuestionamos si hubo un homicidio o un suicidio, sino que cuestionamos si hubo o no una omisión de asistencia y si hubo o no promesas de retribución de este director hacia una adolescente menor de edad”. Para ello recurrirán al decreto de declaración de emergencia por la violencia de género del año 2019 que dice que tiene que haber profesionales especializados para atender estos casos.

Después de casi tres años en busca de respuestas sobre la muerte de su hija, la resolución del juez Pereyra le dio esperanza a Telles. “Ojalá que esto sirva para dar un empujoncito y que se pueda hacer justicia. Lamento que no se investigó nada porque pasó mucho tiempo. Son casi tres años”.

El Observador