El lunes pasado, diversas organizaciones sociales y la Federación de Funcionarios de OSE emitieron un comunicado conjunto en rechazo a la reciente aprobación ambiental del Proyecto Neptuno por parte del Poder Ejecutivo.

Las entidades argumentan que el Proyecto Neptuno-Arazatí, destinado a mejorar el suministro de agua potable, va en contra del derecho humano de acceso al agua. Consideran que la iniciativa viola disposiciones constitucionales al promover la privatización y comercialización del agua, afectando negativamente a la población.

Entre las preocupaciones mencionadas, destacan que la implementación del proyecto podría reducir la calidad del agua distribuida por OSE, incrementando los niveles de salinidad, floraciones de cianobacterias y trihalometanos, lo que pondría en riesgo la salud pública. Además, el comunicado indica que la inversión necesaria limitaría la capacidad de OSE para emprender nuevas obras durante los próximos 20 años y podría llevar a un aumento en las tarifas de agua.

Las organizaciones también critican la transferencia del control de los servicios de agua potable a manos privadas, señalando que las condiciones contractuales favorecen desproporcionadamente a los intereses privados, mientras que el Estado asumiría los riesgos y costos adicionales del proyecto.

Carlos Larrosa, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, subrayó en una conferencia de prensa que el proyecto ha sido ampliamente rechazado por entidades sociales, sindicales y ambientales, calificándolo de «socialmente fallido» debido a sus impactos negativos tanto ambientales como sociales. Larrosa también destacó el gasto anual de 57 millones de dólares que el Estado debería afrontar para alquilar la infraestructura a un privado, calificándolo de un modelo de negocio perjudicial para el país.

En conclusión, los colectivos afirman que el Proyecto Neptuno-Arazatí llevaría a la población a pagar más por una calidad de agua inferior, generando un amplio rechazo social y la demanda de reevaluar la iniciativa.